Analiza las condiciones de la acción y los presupuestos procesales necesarios para interponer una demanda contencioso-administrativa contra las resoluciones emitidas por el Tribunal de Disciplina Policial. Desarrolla la legitimidad para obrar, el agotamiento de la vía administrativa, el plazo de caducidad de tres meses, la competencia del juez laboral y la representación procesal del Estado a través de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior. “Porque al servir a los demás seremos libres” (José María Pacori Cari).

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