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Las resoluciones administrativas de contratos establecen la finalización de vínculos contractuales entre entidades públicas y contratistas. Estas se basan en causales como fuerza mayor, incumplimiento de obligaciones, hechos sobrevinientes, documentación falsa o cláusulas específicas como la anticorrupción. Su finalidad es proteger el interés público y garantizar la legalidad contractual. “Porque al servir a los demás seremos libres” (José María Pacori Cari).

