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El modelo desarrolla la solicitud de control administrativo de plazos como mecanismo para exigir a la propia autoridad el cumplimiento oportuno de actuaciones procedimentales. Explica su diferencia con la queja por defecto de tramitación y fundamenta el pedido en los principios de legalidad, impulso de oficio, buena fe procedimental y celeridad. “Porque al servir a los demás seremos libres” (José María Pacori Cari).
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