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El proceso contencioso administrativo de tránsito permite al Poder Judicial revisar actos administrativos que afecten derechos ciudadanos relacionados con sanciones o decisiones de tránsito. Busca garantizar la legalidad de las actuaciones de la administración pública y ofrecer una vía para la tutela efectiva de los derechos de los administrados. “Porque al servir a los demás seremos libres” (José María Pacori Cari).
